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Un escándalo con las fotomultas en Pilar complica a la Universidad de San Isidro
Un escándalo con la firma de fotomultas Cecaitra en Pilar golpeó fuerte en la gobernación bonaerense, que decidió darla de baja del registro de proveedores de la provincia.
El caso estalló porque la Universidad de San Isidro (UNSO) que debería darle soporte técnico a Cecaitra a cambio de un porcentaje de la facturación, presentó el mismo CBU que la empresa, según la documentación de pago conocida como Formulario 2, al que accedió LPO en exclusiva.
El sistema de las fotomultas en la provincia es complejo. Las empresas firman un convenio de asistencia técnica con alguna universidad bonaerense, que es quien firma la provisión del sistema con el municipio, que a su vez gira el monto recaudado por las multas a la provincia, que es la que paga, distribuyendo según los porcentajes acordados entre las tres partes: municipio, empresa y universidad. Porcentajes que pueden variar de un distrito a otro.
La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que, a su vez, giran un porcentaje a las empresas y universidades que montan la tecnología. No e sun tema menor, se trata d eun negocio de miles de millones de flujo diario.
En Pilar, el intendente peronista Federico Achaval firmó el convenio con la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO), una casa de estudios de San Isidro, que se presentó junto con la cuestionada Cecaitra, una supuesta cámara del sector, pero que en realidad es un empresa que al utilizar ese formato se evita pagar IVA y ganancias.
Dura sanción del Tribunal de Cuentas al intendente Julio Zamora por darle las fotosmultas a Cecaitra
Todos estos contratos están atravesados por la política. La rectora de la UNSO es Adriana López, esposa de Walter Carusso, mano derecha de Gustavo Posse. El ex intendente de San Isidro controla esa casa de estudios y desde allí impulsa los acuerdos con los municipios. El de Pilar es sólo uno de varios.
Los pagos se realizan a través de lo que se denomina el Formulario 2. Hasta hace algunos años los intendentes no quedaban involucrados en el proceso y la firma quedaba a cargo del área de transporte del gobierno provincial. Sin embargo, fue María Eugenia Vidal quien cortó con ese mecanismo y obligó a los intendentes a que se hagan cargo de los convenios y que firmen cada planilla de pagos.
El negocio de las fotomultas viene generando decenas de escándalos en los últimos años. El último fue el caso de Jorge D’Onofrio, el ex ministro de Transporte de la provincia, imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por la contratación de la empresa Cecaitra.
El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’ Onofrio.
D’Onofrio milita en Pilar y mantiene gravitación en la política local. Su hermano Eduardo D’Onofrio es secretario de hábitat en el municipio y su hija Delfina D’Onofrio, es parte de la estructura municipal.
El escándalo de Pilar, agravó la situación de Cecaitra que ya había sido objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que determinó que presentarse como “Cámara”, cuando en rigor es una empresa, no sólo constituía una vía impropia para no pagar impuestos, sino que además violaba las normas de la provincia para ser proveedor del Estado.
Una situación que quedó expuesta en la objetada contratación de Cecaitra en Tigre y que provocó una dura sanción del Tribunal de Cuentas al intendente Julio Zamora, como reveló en exclusiva LPO.
Ante esto, el nuevo ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, bajó a Cecaitra del registro de proveedores del Estado. El lunes, desde el ministerio salió una notificación a los intendentes que tienen convenio con esa cámara empresaria en la que advierten que se comprobó el incumplimiento de los requisitos exigidos por el registro de proveedores de tecnología para la constatación de infracciones de tránsito.
El ministerio intimó a Cecaitra a regularizar su situación registral en 30 días bajo apercibimiento de disponer su exclusión definitiva del registro. Ahora Cecaitra estaría tratando de convertirse en Sociedad Anónima, un paso lógico que debió dar hace muchos años, pero que le hubiera implicado pagar los mismos impuestos que sus competidores.
El Tribunal de Cuentas investiga a Cecaitra . Además de su equivocado encuadre societario, le cuestiona supuesta obsolescencia tecnológica y la gestión de infracciones con cámaras no homologadas. Varios de estas observaciones han derivando en causas penales.
Cecaitra comenzó a crecer en la provincia de Buenos Aires durante la administración Daniel Scioli (2007-2015), que tuvo fuertes vínculos con este negocio.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
