Rechazan un pedido del juez Bailaque y avanza el trámite hacia un posible juicio político

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura sigue avanzando en la investigación del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Con cuatro denuncias en su contra, que pueden implicar su juicio político, el magistrado pidió prórroga en el plazo para formular y en un caso que se suspenda ese requerimiento por la supuesta falta de entidad de las denuncias. El órgano que evalúa la conducta de los jueces se lo negó. Tendrá que responder todo antes de que termine el año.

Todas las denuncias están acumuladas en el expediente 97/2022 contra el magistrado rosarino, que se desempeña como juez de instrucción penal desde 2008 en la Justicia Federal de Rosario, y que este año con el cambio a modelo acusatorio pasó a ser juez de garantías.

Este planteo del Consejo a rechazar el pedido de diferir los descargos se produce a tres semanas de que el juez escuchara los cargos de tres fiscales federales, en una audiencia penal, donde se le atribuyeron actos presuntamente ilegales en el desempeño de su función. Uno es haber destinado un monto multimillonario de dinero de la Cooperativa de Portuarios de San Lorenzo a una mutual controlada por un amigo suyo. Otra es haber impulsado un expediente y allanamientos contra un agente de Bolsa en base a una denuncia anónima e infundada. El tercer caso es por la relación con un contador público, que le llevaba sus cuentas, y a la vez era el contador de Esteban Alvarado, condenado por la Justicia Federal por narcotráfico en 2022.

Este miércoles en la Comisión de Acusación a Bailaque le negaron el pedido para extender el plazo de respuesta en las dos últimas denuncias que ingresaron. La más importantes es la inicial, la de los fiscales rosarinos Matias Edery y Luis Shiappa Petra, que pidieron se estableciera si Bailaque entorpeció investigaciones ligadas al narcotráfico relacionadas con Alvarado, al diferir por diez meses medidas requeridas por un fiscal federal en 2014. Ese funcionario había acumulado evidencia de que el señalado narco tenía protección policial, posteriormente probada en el fuero santafesino, con condenas a policías y al propio Alvarado.

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A ese expediente se le acumularon otras tres presentaciones más. Una es la de la diputada provincial de Santa Fe Lionella Catallini quien denunció qué Alvarado y Bailaque compartían contador (Gabriel Mizzau) y que además su hijo (Sebastián Mizzau) trabajaba en el juzgado de Bailaque.

A este legajo se suma la del fiscal general de Córdoba Maximiliano Hairabedián, quien pidió una investigación por la falta de acción de una causa abierta contra una empresa cerealera por evasión de impuestos que estuvo, según los cordobeses, paralizada durante casi nueve años en el juzgado de Bailaque sin el dictado de una sola medida. Debido a esa inmovilidad el trámite terminó prescribiendo.

La última denuncia que tiene Bailaque en el Consejo es de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario luego de haber allanado el despacho de Bailaque y otras dependencias impositivas provinciales. Es precisamente la que dio lugar a la audiencia donde describieron delitos presuntos los fiscales federales Matías Scilabra, Juan Argibay y Federico Reynares. Es aquí donde el magistrado pidió directamente se desestimara su obligación de responder al objetar la falta de entidad concreta de las conductas que se le objetaron.

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El miembro acusador en la comisión que actúa es Miguel Piedecasas. Luego de que Bailaque responda a los cargos en los casos pendientes se prevé que sea citado a una audiencia que funciona como una instancia de indagatoria en el primer trimestre de 2025. Luego la Comisión deberá dictaminar si corresponde o no el juicio político al magistrado.

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más