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Trabajadores de SanCor denunciaron al directorio por maniobras fraudulentas y estafa
La cooperativa que supo ser emblema internacional de la industria láctea argentina está al borde del precipicio y desde el gremio vienen denunciando un encadenamiento de irregularidades de parte de sus autoridades.
En esta oportunidad, apuntaron contra un opaco fideicomiso que los gerentes abrieron en el banco Bice luego del cierre del concurso y de las cuentas bancarias en octubre del año pasado. Para entonces, las deudas al gremio, la obra social, la mutual y a los trabajadores acumulaba varios miles de millones, además de las deudas a fondos internacionales como publicó este medio.
Cuando los abogados quisieron trabar embargos al fideicomiso para garantizar los fondos de los acreedores, se encontraron con evasivas de parte del banco. Frente a ello, intentaron ir por las cuentas de los clientes y allí se dieron cuenta que SanCor cedía las facturas al Bice, se depositaban en el fideicomiso y de allí pagaban por cuenta y orden lo que la gerencia de la láctea determinaba y los acreedores quedaron afuera, explicaron a LPO fuentes de Atilra.
En el gremio sospechan que, de esta manera, las cuestionadas autoridades de la cooperativa sacaron fuera de la órbita de la empresa el flujo de Caja poniendo en riesgo la garantía común de los acreedores, como prevé el Código Procesal Civil y Comercial.
Sin embargo, cuando los asesores judiciales del gremio consiguieron el contrato entre SanCor y el Bice, que estaba guardado bajo cinco llaves, tuvieron dimensión de la maniobra y ahora piden que se investigue al directorio por los delitos de estafa y administración fraudulenta.
[Atilra responsabilizó a los directivos de SanCor por el vaciamiento del gigante lácteo]
La situación de la empresa es crítica, de cinco millones de litros diarios que supo procesar, actualmente está en menos de 200 mil litros. Desde el gremio denuncian que en las plantas están trabajando unos 300 empleados de un total de 1.400.
Lo más preocupante es que muchos de los trabajadores fueron suspendidos y pasaron a cobrar 10 mil pesos por mes y no hubo notificación al Ministerio de Trabajo como la ley estipula. “Si tienen que despedir gente que lo hagan y paguen las indemnizaciones”, dijeron a LPO desde el gremio furiosos porque los gerentes los responsabilizan de la situación “y son ellos los que la están vaciando”.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
