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Un informe reveló que por la polarización cayó la sanción de leyes educativas en los últimos 10 años
Un informe en el que se analizan las leyes sancionadas en educación desde el regreso de la democracia en 1983 revela una baja en el número de normas aprobadas por el Congreso durante la última década.
Así se desprende de un estudio realizado por el Observatorio Hacer Educación, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sobre leyes, decretos y resoluciones en materia de educación, ciencia y tecnología que fueron sancionados en los últimos cuarenta años de democracia.
Los datos del informe demuestran que el aumento en la polarización política desde el 2008 es uno de los factores que afecta la sanción de leyes en educación y que existe una falta de consenso para aplicar las reformas necesarias.
La metodología usada por Hacer Educación –un observatorio dirigido por el Dr. Alberto Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires- fue la de estudiar los proyectos que tuvieron trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Los mismos fueron ordenados por décadas a fin de poder ser comparados. La información fue provista por la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara Baja.
El primer dato que se desprende del informe es que, desde 1983, fueron sancionadas un total de 321 leyes educativas, tomando en consideración todos los proyectos legislativos que han sido tratados en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante ese período.
Desde un punto de vista cualitativo, dicho observatorio sostiene que la legislación en esta materia guardó una estrecha correspondencia con lo sucedido en el país.
El análisis realizado refleja que entre 1983 y 1989, el campo educativo y tecnológico acompañó y fue fiel reflejo del proceso general de redemocratización. En tal sentido, se distinguen diversas disposiciones legales destinadas, en lo fundamental, a restituir en los centros educativos, la libertad y los derechos perdidos en tiempos de dictadura. Cabe agregar, como hito de esta etapa, la realización del Congreso Pedagógico Nacional (1984-1988).
Del mismo modo, el informe destaca que la de 1990 fue una década de reformas profundas y cuestionadas que modificaron el sistema educativo. Por ejemplo, el proceso de transferencia de servicios iniciado en la última dictadura militar, la reforma de la Educación Superior y la introducción del polimodal”. Es de este período la extensión de la obligatoriedad de la educación a 10 años.
En el período siguiente (2000-2009) comenzó un proceso de reversión y/o modificación parcial de los cambios experimentados durante los años 1990, en donde se destacan el fin del polimodal y el retorno al esquema de ciclo primaria-secundaria tradicional; la obligatoriedad de la escuela secundaria; la fijación de un piso mínimo de inversión (como porcentaje del PBI) en educación, ciencia y tecnología; la creación de Universidades nacionales; el establecimiento de un mínimo de 180 días de clase; y la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En las dos etapas siguientes (2010-2019 y 2020-2022) se advierte un progresivo estancamiento en la productividad legislativa, reflejado en la cantidad promedio de leyes sancionadas y en los proyectos no sancionados.
Si bien el informe sostiene que una mayor cantidad de leyes por si solas no van a solucionar nuestros problemas educativos. La polarización surgida en materia política –“la grieta”- iniciada por 2008- redundó en la falta de consensos que provocó una caída del número de normas sancionadas y un aumento significativos de las no sancionadas. En esta etapa predominan decretos y resoluciones que, sin desmerecer su importancia, abordan cuestiones puntuales y no representan un cambio sistémico.
El informe remarca que “llama la atención que el estancamiento normativo ocurre en simultáneo con un diagnóstico extensamente compartido respecto de la crisis por la que atraviesa la educación en la Argentina”. En esa línea, afirma que “el sistema político no está siendo capaz de alcanzar los consensos mínimos necesarios para emprender un camino de reformas -sea a través de nuevas normas o por otras vías- que logre atender y resolver los problemas y demandas de la educación, la ciencia y la tecnología”.
