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Bailaque le pagó en su despacho 35 mil USD a un empresario que tenía que investigar
En 2020 la constructora Edeca SA de Rosario llevaba dos años con una investigación judicial abierta por subfacturación de IVA. Un día de ese año el CEO de la empresa, Marcelo Burgués, entró al despacho del juez federal Marcelo Bailaque, quien estaba a cargo de la causa. Ambos habían acordado la compraventa de un terreno en un barrio privado en las afueras de la ciudad donde la compañía tenía 14 lotes. El empresario se llevó del escritorio del juez 35 mil dólares, que el magistrado le entregó como primera cuota para adquirirlo.
Lo significativo del asunto no es solamente que un juez le comprara una parcela en un country al representante de una firma a la que simultáneamente estaba investigando por un delito penal tributario. Lo es también que ese expediente el juez lo acabó cerrando después por prescripción. La empresa que estaba denunciada, no sus directivos que no fueron imputados, terminó con sobreseimiento por vencimiento de los plazos para investigarla.
El ilícito atribuido a la empresa que le vendió un terreno al juez caducó porque en el tribunal al expediente no lo movieron. No obstante, el fiscal Juan Argibay Molina, aunque aludió a eso, no avanzó para indicar que el cierre de la causa fuera un favorecimiento deliberado para la empresa con la que el juez cerró un negocio personal.
Este es un caso testigo de las decenas de trámites contra empresas denunciadas históricamente en los juzgados federales de Rosario cuyos legajos terminaron juntando polvo en un estante, sin contralor superior y bajo la discrecionalidad de magistrados que en el sistema escrito hacían o deshacían en el mayor secreto. Explica, para los actuales investigadores, por qué en Rosario durante décadas las condenas por delitos penales tributarios se cuentan con los dedos de una mano. Los expedientes nacen y mueren sin novedad. En el medio, admiten fuentes judiciales diversas, pasaban muchas cosas.
Marcelo Burgués
Esta que sale ahora a la luz se conoció por el testimonio de un arrepentido. Es el financista Fernando Whpei, quien está junto a Bailaque imputado y con prisión preventiva en distintas causas penales, una de ellas la extorsión a un empresario bursátil al que le abrieron una causa por lavado de dinero en 2019. El empresario se llama Claudio Iglesias y dos años después de ser allanado e indagado recibió una inesperada falta de mérito. En el interín Iglesias pagó 160 mil dólares para que la pesquisa en su contra no siguiera. Lo reveló el propio Iglesias y lo admitió Whpei que fue el que cobró el soborno en cinco cuotas.
Cuando hace 40 días Whpei habló como imputado colaborador ante los fiscales, sin que nadie se lo pidiera empezó a hablar de la compra que Bailaque hizo del terreno. Contó que, durante la pandemia, Bailaque le preguntó si conocía a una persona llamada Marcelo Burgués, “que es un empresario de la construcción, presidente de la empresa EDECA SA, a quien conocía porque estábamos por hacer un edificio en Buenos Aires y nos estaba cotizando”. Agregó además que el entonces juez le dijo que se había hecho movimiento de suelos en el barrio Vida Club de Campo de Funes y que le interesaba invertir ahí.
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Whpei dijo que le pasó entonces a Bailaque el contacto de Burgués. Y que tiempo después el ex magistrado le refirió que había cerrado la operación con Edeca. “Lo compré. Lo puse a nombre de Graciela”. Se refería a su esposa, Graciela Martínez Maulión, que este viernes fue imputada junto a su marido por lavado de activos a raíz de la compra de ese lote.
El mismo empresario Burgués terminaría corroborando que conoció a Bailaque por intermedio de Whpei en una declaración espontánea que realizó hace tres semanas, luego de que los fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) le secuestraran dos teléfonos al retornar de un viaje a China en el Aeropuerto de Ezeiza. Allí mismo confirmó que Bailaque le dio un adelanto de 35 mil dólares en efectivo en su mismo despacho un día que acudió a verlo. A esto, dijo el empresario constructor, siguió una entrega similar cuando se formalizó la cesión del terreno.
Fernando Whpei
Los fiscales mencionaron dos asuntos adicionales que implican delitos. El primero es que el terreno fue escriturado a un 40 por ciento por debajo de otros lotes cedidos en la misma época, agosto de 2020, por la misma desarrolladora. El segundo es que el dinero utilizado para la compra provino según ellos de un ilícito: el cobrado por la extorsión concretada contra el empresario Iglesias por el cual Bailaque está bajo imputación.
En octubre pasado Whpei hizo revelaciones como arrepentido acerca de cómo le entregó esa plata al juez. Dijo que en una ocasión fue en el restaurante Pampa de Rosario, un viernes a mediodía, cuando durante un almuerzo le entregó al magistrado 45 mil dólares adentro de un estuche de vino de cartón.
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Ni bien terminó de exponer el fiscal Argibay pidió declarar Bailaque, que se mantuvo en su cargo hasta el 1º de julio de este año, cuando el gobierno de Javier Milei le aceptó la renuncia como juez en el momento en que el Consejo de la Magistratura lo había puesto en el umbral de un juicio político.
En una intervención breve en la que no admitió preguntas, Bailaque desmintió en forma rotunda que hubiera adquirido el lote con fondos ilícitos. Sostuvo que su familia lo adquirió con dinero lícito y demostrable.
Luego aseguró que es falso que él le hubiera pedido el contacto del empresario Burgués a Whpei. Sostuvo que por aquella época recorrían de manera rutinaria con su esposa las zonas de Funes, localidad donde se encuentra el barrio privado donde finalmente compró, interesados en un terreno. Y que fue cuando le comentó a Whpei que éste le dijo. “¿Por qué no me avisaron antes? Yo conozco a una persona que tiene terrenos para vender. Así me pone en contacto con Marcelo Burgués. Es cierto que yo me pongo en contacto con Burgués. Pero no porque yo le haya pedido que me vinculara con él”.
Bailaque también subrayó que en ese momento desconocía que Edeca SA tuviera una causa penal en su juzgado. “Ustedes se preguntarán cómo era posible que yo no lo supiera. Se reciben muchas causas penales de la AFIP y muchas veces se caratulan sin el nombre de la empresa. Por ejemplo dicen «AFIP contra empresa» Las siglas muchas veces no son indicativas de las empresas. Ante una situación eventual tomo conocimiento de forma muy posterior de que Edeca estaba bajo investigación”, sostuvo.
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El fiscal Argibay sostuvo que tanto Bailaque como su esposa, a nombre de quién está escriturado el terreno, implican el delito de lavado de activos como coautores. Pidió un embargo contra la esposa del magistrado por 414 millones de pesos dado que la multa prevista implica cuatro veces el valor del bien objeto del delito presunto. No extendió el pedido contra el magistrado ya que sobre sus bienes ya pesan embargos. El fiscal adelantó que irá por el decomiso del terreno con su edificación en caso de haber condenas y que no se deben hacer mejoras en el lugar.
Víctor Corvalán, abogado de la esposa del ex magistrado, solicitó que no se llevara adelante el embargo ni otra medida cautelar. Sostuvo que la razón es que es demostrable que su clienta, que es funcionaria con antigüedad de la Justicia de Santa Fe, pagó el lote con ingresos lícitos. “El propio fiscal dijo que en su declaración jurada del año anterior indicaba 30 mil dólares. La operación señalada fue de apenas algo más que eso”, sostuvo el abogado. “La evidencia fundamental contra el marido de Graciela además, la del arrepentido Whpei, para nada la menciona a ella. Rescato que Graciela Martínez no está mencionada por ningún elemento probatorio”, sostuvo el defensor.
El juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz ubican a ambas personas en una actividad presuntamente ilícita. “La persona que estaba a cargo del juzgado adquirió un terreno a nombre de una persona que tenía una causa penal en su juzgado”, dijo. Admitió la figura de lavado de activos propuesto por la fiscalía. “No tengo nada para impedir que los fiscales sigan investigando”, afirmó el magistrado, quien remarcó que la imputación era simplemente poner en conocimiento de los cargos a los implicados para darles la posibilidad de defenderse. Les dijo al ex juez Bailaque y su esposa que no podrán innovar en mejoras o construcciones en el terreno. No autorizó el embargo contra los bienes o activos de la esposa del ex juez pedida por el fiscal.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más
