Guerra entre las cerealeras y los municipios portuarios del Gran Rosario por las tasas viales

La Federación de Acopiadores de Cereales de la Argentina intimó a nueve municipios ubicados en la zona del Gran Rosario a eliminar el cobro de tasas comunales con las que gravan la circulación, el arribo y la descarga de camiones en los puertos granarios de la zona y que representan unos 25 mil millones de pesos anuales.

La entidad, que nuclea a centros y entidades gremiales de acopiadores de cereales, envió cartas documento a las municipalidades santafesinas de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto San Martín y a la bonaerense de Ramallo. En ellas las intima a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”.

Según la entidad, a raíz de estas imposiciones que se cobra a los camiones que ingresan a estas localidades, los nueve municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25.000.000.000 anuales: “Una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, sostuvo.

La Federación argumentó que se trata de “una suerte de barrera interna que se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.

A su juicio estas tasas municipales ofician de una suerte de “aduanas internas” que altera los derechos y obligaciones de contratos privados.

Una larga historia

La tensión por el cobro de estos tributos municipales no es nueva, pero se agudiza en momentos de crisis como el actual en el cual el gobierno nacional de Javier Milei eliminó la obra pública. Allí confluye un entramado de intereses que enfrentan a los ciudadanos de esas localidades con el sector productivo y agroexportador.

Desde hace décadas los municipios donde están instalados los puertos granarios vienen reclamando por la falta de obras de infraestructura, lo que genera una gran congestión en el entramado urbano, provocando serios inconvenientes y además, un deterioro de la infraestructura local.

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Por esa razón, los intendentes decidieron aplicar tasas retributivas de servicios para hacer frente al arreglo de calles y llevar a cabo obras urbanas. Por caso, Timbúes aplica una tasa vial de $ 11 mil por camión.

Sin embargo, aunque esta decisión tuvo ese origen, con el tiempo el dinero que ingresa por estas tasas terminó siendo una pieza clave en el presupuesto de cada municipio y los intendentes se mostraron remisos a dejar de percibirlos.

El texto de las intimaciones enviadas a los municipios

En el mes de abril en la Legislatura de Santa Fe se presentó un pedido de informes para que la comuna de Timbúes explique en qué invirtió lo percibido mediante la tasa vial, “ya que gran parte de lo recaudado debería estar aplicado a las mejoras de caminos”, planteó el senador Armando Traferri, un histórico dirigente de la ciudad de San Lorenzo y claro conocedor del tema.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en una campaña promedio, Santa Fe recibe granos de 14 provincias distintas y llegan alrededor de 2 millones de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario.

Estas conforman un hinterland de 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, que se extiende desde Timbúes al norte hasta Arroyo Seco al sur, donde hay asentadas 32 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, propiedad de grandes multinacionales como la china Cofco, Louis Dreyfus, Cargill, Aceitera General Deheza, ACA, Molinos Agro, o también las mineras y forestal Arauco Argentina y Minera La Alumbrera.

De ese total, 22 despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo.

Actualmente unos 10 mil camiones diarios se movilizan con granos por el país y el 70% ingresa a las terminales del área norte – desde Timbúes hasta San Lorenzo – y el 30% restante a las del sur entre Villa Gobernador Gálvez hasta Villa Constitución en Santa Fe y Ramallo en Buenos Aires.

En lo que va de 2024 ya se descargaron casi 500 mil camiones en esta zona, según datos de la entidad.

Ante la motosierra de Milei y por las insistentes demandas del sector agroexportador – que tomaron la forma de un fuerte reclamo en el último remate del lote de soja – el gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro anunció que saldrá saldrá al mercado de capitales a buscar financiamiento por $ 50 mil millones o su equivalente en moneda extranjera, para financiar las obras de acceso a los puertos agroexportadores por donde sale el 80% de las exportaciones granarias de la Argentina. Una iniciativa que idearon junto a la BCR.

En un recorrido por la zona, Pablo Ybañez, analista de la comisión de Transporte e Infraestructura de la entidad rosarina contó que ya comenzó la remoción de tierra para la construcción de la variante de la ruta 91 en Timbúes.También está contemplada la realización del Camino del Mozo, el ingreso a General Lagos y Arroyo Seco donde se encuentran las terminales de Dreyfus y Cargill, entre otros.

Sin embargo, pese a esta decisión de las provincias de encarar las obras para aliviar el flujo de camiones en las zonas urbanas, los municipios están lejos de resignar los fondos que la tasa vial les aporta.

Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Leer más