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El Gobierno limitó la suba de los salarios de los empleados estatales

El Gobierno, a través de la Decisión Administrativa 28/2024 firmada por los ministros de Interior, Guillemo Francos, y de Economía, Luis Caputo, anunció la limitación en el aumento de salarios para los empleados estatales. 

La medida implica que los empleados estatales podrán negociar los aumentos salariales pero estarán condicionados al presupuesto asignado a cada dependencia estatal para este año. 

Dado que el presupuesto para 2024 se mantiene nominalmente igual al del año anterior, debido a la prórroga realizada por el Gobierno Nacional, esta decisión podría resultar en una reducción efectiva de los salarios debido a la alta inflación registrada.

El aumento dispuesto por la Corte Suprema Incide en todas las categorías del escalafón del Poder Judicial y tiene vigencia desde el 1 de diciembre de 2023, considerándolo un incremento correspondiente al año pasado.

De acuerdo al texto oficial, esta norma busca “establecer parámetros homogéneos para la negociación salarial en el Sector Público Nacional, que garanticen la equidad salarial”. Para ello, se basan en los objetivos que el Gobierno de Javier Milei determinó con la finalidad de “optimizar recursos” y “tornar más eficiente el actuar del Estado” en la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, según quedó establecido en el Boletín Oficial.

La norma se aplicará a todos los organismos, entes o empresas, cualquiera fuese su naturaleza jurídica o régimen jurídico aplicable, financiadas por el Estado Nacional o bajo su control mayoritario, abarcando desde ministerios hasta empresas estatales y privadas. 

Esto incluye a instituciones como ANSES, el Pami, la AFIP, el SENASA, el Conicet, el INTA, Télam, Enacom, Tandanor, Intercargo, Aerolíneas Argentinas, YPF, etc., incluso hasta el personal no docente de la universidades nacionales.

Para asegurar la implementación efectiva de esta medida, se establecen pautas uniformes en las negociaciones salariales, las cuales requerirán la intervención previa de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

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